Inaplicación de la Ley en caso de tráfico de armas de EEUU a Bolivia y Brasil

Un boliviano en EEUU enviaba armas para el PCC
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó de que las armas de grueso calibre como fusiles para operaciones de asalto y municiones que perforan chalecos antibala, eran enviadas por un boliviano residente en Estados Unidos, vía correo, para que luego sean transportadas hasta San Pablo (Brasil), a fin de equipar al grupo delictivo Primer Comando Capital (PCC).
El ministro dijo que pedirá la detención y extradición de Fernando Gius Peinado, para que responda ante la justicia boliviana por el delito de tráfico de armas.
En total existen ocho personas detenidas por este caso, es decir, tres funcionarios de la Empresa Correos de Bolivia (Ecobol), dos policías y tres civiles, que ya están presos.
En rueda de prensa, Pérez confirmó la incautación de más armas de alto poder que se encontraban en un depósito de las oficinas de Correos en Santa Cruz de la Sierra.
Entre las armas figuran fusiles de asalto de industria estadounidense, pistolas con proyectil punta azul más conocidas como “matapolicías”, pistolas de industria austriaca y alemana, municiones y otras.
La conexión con EEUU
Según el ministro de Gobierno, las armas eran despachadas desde Estados Unidos como encomienda vía correo. Para que las cajas sean reconocidas les colocaban un distintivo que consistía en un plástico de color celeste.
Cuando las cajas llegaban a la oficina central de Correos eran recibidas por los funcionarios Abdón Orellana, Juan López y Jenny Hurtado. Tras la identificación de las encomiendas los funcionarios las separaban de las otras, por lo que no eran sometidas al control como establecen las normas.
Pérez explicó que cuando llegaban los paquetes, los funcionarios de Correos se comunicaban con Aníbal Cabral y Fernando Migda Cuéllar. Este último fue señalado como el cabecilla del grupo y responsable de mantener permanente contacto con Fernando Gius Peinado, que vive en Estados Unidos.
Expresó que se trata de un hecho muy delicado y lamentó que se involucren efectivos policiales y funcionarios públicos en el tráfico de armas.
Justicia los envió a la cárcel
El fiscal Alberto Cornejo presentó ayer ante el juez Martín Camacho a los detenidos (en dos grupos) y los imputó por delito de tráfico de armas.
La audiencia se inició en la mañana y se prolongó hasta la tarde. Después de escuchar los fundamentos de ambas partes el juzgador ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de los imputados.
Se desconoce desde cuándo operaba este grupo
Las Pesquisas
Allanamientos en varios puntos
La Policía realizó acciones en Montero, Yapacaní y otros lugares para desarticular la organización que traficaba armas.
Comandante general advierte
El comandante general de la Policía, Wálter Villalpando, lanzó una advertencia ayer a los policías que se involucren en delitos. Dijo que se les sentará la mano para desterrar la corrupción en la institución verde olivo.
Las armas a la Policía y FFAA
El ministro de Gobierno, Jorge Pérez, informó de que el armamento incautado en dos partidas quedará en manos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en cumplimiento con las normas. Las pesquisas continúan para ver si hay más gente involucrada.
**Fuente. El Deber

Irregularidades en la aplicación de la Ley
Si bien la Ley No. 400 de control de armas de fuego establece las disposiciones para la confiscación y decomiso de armas, la falta de reglamentación de la misma provoca que en este tipo de casos, las atribuciones de los diferentes Ministerios y actores gubernamentales se confundan.

En este caso en particular, el Ministro de gobierno informo que el material bélico incautado se repartía a la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, cuando la Ley claramente establece que la atribución especifica de este ministerio es “remitir al Ministerio de Defensa para la destrucción, armamento civil confiscado, previo informe pericial del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Policía Boliviana y Certificación del Laboratorio de Pruebas del Ministerio de Defensa.

Asimismo, el Ministerio de Defensa es quien tiene atribución para “confiscar armas de fuego, municiones, explosivos, fuegos artificiales o pirotécnicos y otros materiales o artefactos relacionados, involucrados en delitos de tráfico ilícito, fabricación ilícita y delitos contra la Seguridad y Defensa del Estado, para su registro y destrucción, de acuerdo a reglamentación”.

Por lo que, el Ministerio de Gobierno en este caso estaría desobedeciendo la Ley No. 400, al no remitir estas armas de fuego para su destrucción, la cual debería llevarse a cabo en acto público por el Ministerio de Defensa.

Una vez más se hace evidente el vacío jurídico en la implementación de la norma por falta de un reglamento, lo cual repercute en el control del tráfico de armas y por lo tanto en la seguridad humana de los bolivianos.